EL EXPEDIENTE PICASSO

Breve historia del llamado Expediente Picasso, papeles que conmocionaron a todos aquellos que los conocieron, originaron el pronunciamiento del general Primo de Rivera y provocaron, entre otras causas, la caída de la Monarquía.



ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Signatura FC_TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO.
Expedientes 50 y 51.


Información gubernativa instruida por el general Picasso ("Expediente Picasso").

Causa en única instancia para depurar las responsabilidades del Mando.

Causa en única instancia por la operaciones de Melilla en septiembre de 1921.

Inspección judicial sobre los procedimientos incoados por los sucesos ocurridos desde la ocupación de Abarrán hasta la pérdida de Monte Arruit.

Declaraciones tomadas por el general Picasso.


Tras el derrumbamiento de la Comandancia General de Melilla, el Alto Comisario, trasladado a esta plaza, solicitó al Ministro de la Guerra, mediante telegrama de 2 de agosto de 1921, que un oficial general nombrado por aquel investigase los hechos y depurase las responsabilidades que hubiera lugar. El ministro contestó al Alto Comisario con otro telegrama de 4 de agosto informándole del nombramiento del general Picasso. Ese mismo día, mediante la Real Orden de 4 de agosto de 1921 el vizconde de Eza, Ministro de la Guerra, nombró al general Picasso, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, para que investigara en la propia plaza de Melilla los hechos ocurridos en julio pasado. Sin embargo, el desastre se reveló de tal envergadura que el gobierno de Allendesalazar se vió obligado a dimitir el 14 de agosto. El nuevo gobierno, presidido por D. Antonio Maura, nombró al D. Juan de la Cierva como Ministro de la Guerra, quien pronto quiso limitar el alcance de las investigaciones.



Primer folio de la 1ª Pieza del expediente Picasso.

En efecto, el general Picasso ya había comenzado sus investigaciones en Melilla, y pronto se dio cuenta que necesitaba conocer los planes de operaciones que habían guiado la actuación del general Silvestre y las tropas en el terreno, asi como para deslindar las iniciativas que las habían propulsado y el límite de la autorización recibida por el Comandante General. En ese sentido, el general Picasso envió al general Berenguer un escrito el 15 de agosto recabando la citada información. El general Berenguer trasladó el escrito al Ministro de la Guerra el 20 de agosto, solicitando instrucciones al respecto y manifestando así mismo que no se consideraba autorizado a proporcionar tal información por ser materia reservada.

Por Real Orden del 24 de agosto el nuevo Ministro de la Guerra, señor De la Cierva, aclaró al general Picasso el alcance de las actuaciones que se mencionaban en la Real Orden de su nombramiento, mencionado que los acuerdos, planes o disposiciones del Alto Comisario quedaban fuera de sus investigaciones, y que debía limitarse a los hechos realizados por los jefes, oficiales y tropa para deducir responsabilidades que en los casos en los que no se hubieran cumplido las oblicaciones militares.

El 31 de agosto el general Picasso remitió una carta al Sr. Ministro en la que mostraba su disconformidad con lo dictado en la última Real Orden recibida porque "... dicho sea en el mayor respeto, no parece sujeto proporcionado a mi representación ..." ya que el general entendía que la Real Orden de 4 de agosto le daba facultades para "... con arreglo al artículo 762 del Reglamento de Campaña, ... esclarecer los antecedentes y circunstancias que concurrieron en los sucesos de este campo ...", y añade que "... sería insigne sutileza concretar dicha responsabilidad a sucesos incidentales, consecuencia natural y obligada de los errores y desaciertos del mando."

Lo que pretendía el general Picasso era investigar sin exceptuar a nadie, incluidas las más altas instancias del mando: "Vine a la ingrata comisión que desempeño animado de la mejor conformidad, acometiéndola con empeño superior a mis fuerzas y, desde luego, ratifico que entró en mi ánimo, deliberadamente, envolver en las actuaciones al Alto Mando, por prestigio del mismo, por deber de justicia y por respetuoso afecto; pues si de algo tengo que tildarle es, en mi opinión, de "condescendencia"; y por ello he tomado como punto de partida de mis indagaciones el suceso lamentable y significativo de Abarrán.".

Por último, deja abierta al Sr. Ministro la posibilidad de aceptar su dimisión, ya que incluye estas palabras: "... por lo demás, me creo en el deber de participar a V. que he sido citado el 5 de septiembre para asistir a las sesiones de la Comisión Consultiva de la Sociedad de Naciones, de la que soy representante militar, por si esto facilitara otras soluciones que entrarán en su ánimo y que, de antemano, acato."

No obstante, el Ministro reiteró su decisión mediante Real Orden de 1 de septiembre y, posteriormente, mediante el telegrama de 6 de septiembre dirigido a los generales Berenguer y Picasso en el que se cita que "...aunque es mi propósito ... que se juzguen esos tristes hechos con imparcialidad, serenidad y necesaria extensión ... parece llegado el momento de que los datos obtenidos o que se obtengan, se sometan a instrucción judicial, procurando ... formar tantos procesos como hechos ofrezcan caracteres singulares. Para ello, el Juez instructor deberá dar cuenta el Alto Comisario de cada uno de esos hechos, con su testimonio, y el Alto Comisario, haciendo uso de la jurisdicción que, como General en Jefe le corresponde, designará los jueces que sean necesarios ..."

El general Picasso decidió no dimitir y quedarse en Melilla a investigar los hechos. Tras finalizar sus investigaciones, el general Picasso regresó a Madrid el 23 de enero de 1922 con un abultado expediente de 2.433 folios. El 18 de abril de 1922 el general entregó el expediente y un resumen final redactado por el propio general, que incluye sus demoledoras conclusiones.

Por Real Orden comunicada el 21 de abril de 1922 el Consejo Supremo de Guerra y Marina recibió el expediente, pasándolo el 24 de abril para informe del fiscal militar. El 26 de junio de 1922 el fiscal militar, D. José García Moreno, remitió su informe al Consejo Supremo, con las siguientes conclusiones:

  • Pasar lo actuado al reunido, en Sala de Justicia, por haber hallado indicios de responsabilidades penales, solicitando ratificar todos los testimonios y subsanar las deficiencias halladas.
  • Abrir expediente para detallar méritos y recompensas.
  • Comunicar lo actuado al Ministerio de la Guerra.

Dos días más tarde, el 28 de junio, el fiscal togado, D. Angel Romanos, remitió un escrito al Consejo identificándose con el informe del fiscal militar.

El 6 de julio de 1922 se reunió el Consejo Supremo de Guerra y Marina en pleno, acordando pasar lo actuado al reunido, constituido en Sala de Justicia; rechazar la formación de expedientes de recompensas; y remitir al Ministerio de la Guerra una copia del expediente, del informe del fiscal militar y de los acuerdos del presente Consejo. La remisión se realizó el 10 de julio y tuvo entrada en el Ministerio de la Guerra el 14 de julio.

El 3 de noviembre de 1922 el Ministro de la Guerra remitió al Presidente del Congreso de los Diputados una relación de testimonios deducidos del expediente y una serie de documentos y telegramas considerados de interés, que se completó con la remisión el dia 13 de siete documentos más. Durante ese más hubo duros y graves debates en el Congreso sobre lo ocurrido en Melilla, produciéndose filtraciones a la prensa que exaltaron los ánimos de la opinión pública, pues se barajaba la cifra de 14.000 muertos.

El 10 de julio de 1923 se constituyó la Segunda Comisión de Responsabilidades, formada por 21 diputados que debían dictaminar sobre los sucesos de 1921. El 7 de agosto el general Berenguer fue llamado a declarar ante la Comisión, pero su condición de diputado impidió que la cosa fuese a mayores. El dia 11 de agosto se negó a la Comisión la vista de las actas de la Junta de Defensa Nacional, y comenzó a rumorearse que el propio Rey estaba implicado en el desatre. Ante el cariz que estabn tomando los acontecimientos y la falta de acuerdo de los miembros de la Comisión, acordaron convocar el Pleno de la Cámara para el 1 de octubre y que se efectuase una votación general sobre el asunto.

El Pleno nunca llegó a reunirse: el 13 de septiembre el Capitán General de Cataluña, general Primo de Ribera, se pronunció con pleno consentimiento del Rey, disolvió las Cámaras y proclamó la Dictadura, finalizando así el proceso de depuración de responsabilidades.

El mismo dia 13 de septiembre el presidente de la Comisión, Mateo Sagasta Echevarría, fue la Congreso a rescatar el Expediente Picasso, convencido de que el general Primo de Rivera quería destruirlo. Lo depositó en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, de la que era director y profesor, confiando su custodia a Enrique Jiménez Girón, profesor de la Escuela. Allí permaneció hasta el advenimiento de la II República, pues el propio Mateo Sagasta devolvió el Expediente al Congreso en 1931, donde finalmente permaneció olvidado.

Conocido de forma fragmentaria durante mucho tiempo, el informe Picasso fue recuperado en su totalidad y transferido al Archivo Histórico Nacional en 1990. El Expediente Picasso propiamente dicho consta de 10 piezas de 2418 folios y dos piezas accesorias, una sobre una información mandada realizar sobre el comportamiento del regimiento de Infantería "Ceriñola" nº 42 por su coronel, y otra con el testimonio de los prisioneros españoles liberados. Todo este contenido ha sido digitalizado y puede consultarse en el Portal de Archivos Españoles, donde aparece como "Información Gubernativa instruida para esclarecer los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de posiciones del territorio de la Comandancia General de Melilla en el mes de julio de 1921 (Expediente Picasso)" con signatura "FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO, Exp.50". La primera pieza contiene un valioso índice del mismo y en las páginas web de cada pieza se detallan en líneas generales los respectivos contenidos.

Junto con el Expediente Picasso propiamente dicho, el Archivo Histórico Nacional contiene otros tres expedientes íntimamente relacionados. Uno de ellos tiene por nombre "Causa ... para depurar las responsabilidades ... de los sucesos ... desarrollados ... en los meses de julio y agosto de 1921". Otro expediente trata de la investigación de ciertos hechos de septiembre de ese año, y tiene por título "Causa ... para depurar las responsabilidades ... de los sucesos ... desarrollados ... en el mes de septiembre de 1921". El tercero es un expediente para investigar la marcha de las causas incoadas. Todas ellas están públicamente accesibles y pueden verse en la signatura "FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO, Exp.51".




FUENTES:

  • Palma Moreno, Juan Tomás. Annual 1921. 80 años del Desastre. Almena ediciones. Madrid, 2001. Páginas 169 a 171.
  • Pando Despierto, Juan. Historia secreta de Annual. Ediciones Temas de Hoy, S.A. Colección Historia. Madrid, 1999. Páginas 268-269 y 310-312.
  • Informes del fiscal militar y del fiscal togado, de fechas 26 y 28 de junio de 1922.
  • Diversos documentos y telegramas incluidos en el Expediente Picasso.
  • Wikipedia, voz "Expediente Picasso".