EL GENERAL OLAÑETA

Don Pedro Antonio de Olañeta era natural de los caserios de Olañeta, jurisdicción de Vergara, Guipúzcoa, donde nació en alrededor de 1770. Hijo de una familia humilde de Vizcaya, emigró a América con sus padres hacia 1787. Dedicado el comercio y afincado en las provincias de Jujuy, Salta y Potosí, logró en breve espacio de tiempo hacerse con un buen capital y crearse amistades y relaciones, de forma que en poco tiempo se convirtió en una de las personas de más arraigo en la comarca.

Con motivo de su profesión fue apodado como el contrabandista por sus adversarios. Alcanzó una gran fortuna con sus actividades mercantiles, sobre todo entre el Perú y el Virreinato del Río de la Plata. En Jujuy se casó con una bella criolla de apellido Mariaquegui, también de origen guipuzcoano, y llegó a poseer una estancia. Al producirse la Revolución de Mayo en 1810, la actitud de este terrateniente fue de apoyo a la causa realista pro-española al notar que las nuevas autoridades ponían en riesgo su poder, autoridad e influencia. De este modo, participó como comandante en las campañas contra las incursiones de los independentistas argentinos contra el Alto Perú, estando entonces Olañeta a las órdenes del general José Manuel de Goyeneche. Destacó en sus acciones contra los insurgentes en la provincia de Jujuy, zona que atacó en repetidas ocasiones y cuya capital consiguió ocupar en 1817 hasta que fue rechazado por Martín Miguel de Güemes, al que finalmente dio muerte.

El virrey le nombró teniente coronel de Milicias Voluntarias, y cuando más tarde la rebelión del Alto Perú incrementó su actividad, Olañeta ofreció sus servicios al general Joaquín de la Pezuela quien, en premio a su decisiva cooperación en la batalla de Vilcapugio, le ascendió a coronel con efectividad en el empleo. Más tarde, tomó parte activa al frente de su división, compuesta por dos batallones, un escuadrón y dos piezas de artillería, en la batalla de Sipesipe o Viluma, y otras, mereciendo por estos hechos el empleo de brigadier. Ascendido a general de brigada, favoreció el ascenso a virrey de José de la Serna e Hinojosa en 1821.

Olañeta no pasó mucho tiempo en el empleo de brigadier, y cuando se le ascendió a mariscal de campo también lo fue el brigadier Jerónimo Valdés, que había ascendido a este empleo mucho más tarde. Pero lo que colmó los celos de Olañeta fue el nombramiento de Valdés como general en jefe del Ejército del Sur, quedando Olañeta a sus órdenes. Olañeta no carecía de razón en sus quejas, pues cuando el virrey La Serna se hizo cargo del ejército de campaña comenzó a distinguir a generales y jefes de tendencia constitucional, postergando a los de adscripción absolutista. De este modo, el general Rafael Maroto fue nombrado presidente de la Real Audiencia de Charcas, Jose Santos Las Heras quedó como gobernador intendente de Potosí y el mariscal Valdés general en jefe, a pesar de que Olañeta era el general más antiguo de los tres.

Hasta entonces Olañeta no había manifestado su descontento, pero su condición de absolutista convencido, contrario a la revolución liberal que estaba sufriendo España en aquellos meses, unido a los desaires recibidos, hizo que decidiera enfrentarse abiertamente con el virrey La Serna y, sublevándose contra su autoridad, el 22 de enero de 1824 se autoproclamó "único defensor del altar y del trono".

LA REBELIÓN (22 de enero de 1824)

En enero de 1823 el mariscal Olañeta recibió dos cartas procedentes de España vía Montevideo, ambas remitidas por miembros del Consejo de Regencia instalado en Urgel, con fecha de agosto de 1822. En una de estas cartas se instaba a Olañeta a proclamarse defensor de la monarquía absoluta, prometiéndosele al cargo de virrey del Río de la Plata y asegurándole que la Santa Alianza invadiría España con tropas francesas. En la otra carta se le daba aviso del traslado del Consejo de Regencia a territorio francés ante el avance del general Francisco Javier Mina. Olañeta abrazó con entusiasmo la causa absolutista. Posteriormente recibió el aviso de que el duque de Angulema había invadido España en abril de 1823. El 22 de enero de 1824 recibió Olañeta en Potosí una gazeta española que informaba que el rey había sido liberado por el duque de Angulema el 1 de octubre de 1823, anulando el rey todo lo hecho por los liberales, llevando las cosas al estado en que estaban en 1819.

Olañeta era un buen táctico y un valiente general, pero nunca brilló por su cultura. Por ello, se dejó llevar por los consejos de algunos absolutistas del Cuzco y de algunos astutos rebeldes que, fingiendose realistas furibundos, no hacían más que alentar sus pasiones con el fin de enfretarse con las autoridades realistas del virreinato. Entre todos ellos le habían convencido de que el virrey La Serna pensaba establecer un estado independiente en el Perú para acoger a los liberales escapados de España, por lo que el mismo día 22 de enero de 1824 Olañeta inició la rebelión en contra del virrey, aprovechando que éste se encontraba en Cuzco y el mariscal Valdés en su residencia de Arequipa.

Olañeta necesitaba algún pretexto para justificar su anómalo proceder, y lo obtuvo en el hecho de que en la metrópoli se había abolido la Constitución sin que en América se hubiera hecho lo propio, hecho cierto porque aún no se habían recibido las órdenes al respecto. Además, conocedor de la declaración de Fernando VII de que nada de lo hecho por él durante el periodo constitucional tenía validez, concluyó que no tenían validez los nombramientos de La Serna como virrey ni los de Valdés y Canterac como generales de los Ejércitos del Sur y del Norte respectivamente.

Olañeta partió con sus tropas de Cochabamba hacia Oruco, donde se hizo con todas las armas y municiones que encontró. Desde allí se dirigió hacia Tarija. Al saberlo el virrey, le ordenó que se le presentara en Cuzco para dar cuenta de su conducta, y ordenó a los coroneles que acompañaban a Olañeta y a los jefes de los destacamentos de tránsito que desobedecieran al mariscal y que, en caso necesario, le arrestaran de orden suya. Pero Olañeta se adelantó y mandó arrestar a los coroneles de sus fuerzas, sustituyéndolos por otros de su completa confianza.

A continuación marchó sobre el Potosí, donde intimó la rendición del gobernador intendente, José Santos Las Heras, ordenándole que la guarnición de 300 hombres quedaran bajo órdenes directas suyas. Esto lo hacía argumentando que él era el jefe de las provincias del Río de la Plata hasta el río Desaguadero y que no reconocía otra autoridad que la del rey absoluto. Las Heras resistió refugiándose con sus fuerzas en la Casa de Moneda de Potosí, pero finalmente evitó el enfrentamiento entregando las tropas a Olañeta y partiendo hacia el Perú con los oficiales.

Luego Olañeta se dirigió a Chuquisaca para intimar la rendición al presidente de la Real Audiencia de Charcas, Rafael Maroto. Éste abandonó la guarnición y la ciudad dirigiéndose a Oruro al saber que sus tropas hacían causa común con los sublevados, por lo que Olañeta entró en Chuquisaca el 8 de febrero. Por último, el gobernador de Santa Cruz, brigadier Francisco Javier, se le unió también, quedando así dueño de casi todo el territorio del Alto Perú. Nombró presidente de la Real Audiencia de Charcas a su cuñado, el coronel Guillermo Marquiegui, y se dió a sí mismo el título de capitán general de las provincias del Río de la Plata y superintendente de la Real Hacienda en todas sus comunicaciones, órdenes y decretos.

EL CONVENIO DE TARAMPAYA (9 de marzo de 1824)

Viendo las graves proporciones que iba tomando la sublevación, el virrey La Serna mandó contra él al mariscal Valdés con órdenes de prenderle y traerle a Cuzco para ser castigado por su conducta. Valdés salió de Arequipa pero procuró atraerse el partido de Olañeta en lugar de apelar a la violencia, ofreciendo para ello abolir la Constitución. Así lo hizo en Oruro el 29 de febrero, mientras que el virrey hizo lo propio doce días después en todo el territorio del virreinato, el 11 de marzo sin haber conocido de antemano el resultado de las negociaciones con el general sublevado. Después, Valdés citó a Olañeta para una conferencia en Tarampaya, cerca de Potosí.

La conferencia tuvo lugar el 9 de marzo. En ella Olañeta mostró las comunicaciones que había recibido de España y exigió la restauración del absolutismo. Se convino que el general Olañeta reconocería en lo político y en lo militar la supremacía del virrey así como la jefatura del mariscal Valdés, pero conservando el mando militar de las provincias del Desagüadero al Potosí, en cuya comarca operaría contra el enemigo independientemente de toda orden o jefatura superior, y enviando sus tropas si los rebeldes desembarcaban en la costa del océano Pacífico entre Iquique y Arequipa. Además, tendría la obligación de suministrar mensualmente 10.000 pesos como auxilio a la campaña general, cuya cantidad, producto de los rendimientos de Charcas y Potosí, enviaría todos los meses al virrey, así como también auxiliaría con tropas a los demás jefes vecinos en caso de apremiante necesidad.

Por su parte, Valdés se comprometió a que Las Heras y Maroto no serían repuestos en sus anteriores cargos, como desagravio al menosprecio hecho a Olañeta. Se convino que el brigadier Francisco Javier Aguilera (o el coronel Guillermo Marquiegui si aquél no podía) quedara como presidente de Charcas. Olañeta podría elegir un gobernador para el Potosí y todo el Alto Perú quedaría bajo su mando. Finalmente, como garantía del cumplimiento de este convenio, se le asignaron a Olañeta dos batallones, varios escuadrones y seis piezas de artillería. A continuación reproducimos dos de los artículos del convenio:

Artículo 1°: Que el general don Pedro Antonio de Olañeta reconoce y obedece en lo militar y politico al Excmo. señor virey D. José de La Serna, como lo ha hecho siempre, sin que haya la menor variacion del estado en que ha estado siempre, como asimismo al señor general en jefe del ejército del Sur mariscal decampo D. Gerónimo Valdés.

El objeto del convenio había sido ganar tiempo en espera de los acontecimientos que se esperaban en Lima, en donde José Canterac negociaba secretamente con el gobierno republicano. Valdés, con la escusa de enviar tropas contra la Republiqueta de Ayopaya que comandaba José Miguel Lanza, no desocupó las intendencias de Cochabamba y de La Paz como había convenido en Tarapaya.

EL ROMPIMIENTO DEL CONVENIO (20 de junio de 1824)

El virrey sancionó lo hecho por Valdés, pero comenzó a exigir a Olañeta que repartiese sus fuerzas en varios destacamentos, lo cual equivalía a despojarle paulatinamente del mando de ellos. El general sublevado se negó a ello, declarándose de nuevo en abierta oposición a las órdenes del virrey, considerándose además libre del compromiso en lo que se refería a los dineros que debía aportar mensualmente al virrey.

La Serna comprendió que no podía seguir guardando consideración alguna con el general sublevado, pero al mismo tiempo receló de que Olañeta quizás no obrase por cuenta ajena, sino instigado por los absolutistas de la metrópoli que deseaban vengarse del constitucionalismo del virrey. Para aclarar la situación, La Serna convocó una Junta de todas las autoridades civiles, militares y religiosas del virreinato para consultarles si debía seguir desempeñando el cargo, de forma que si votaban en contra dejaría como virrey interino al general Olañeta, por ser el general más antiguo. La Junta le confirmó en su cargo, especialmente el general Canterac, y La Serna envió al general Espartero a España para informar el rey de lo ocurrido y solicitar refuerzos.

A los pocos días el virrey recibió la confirmación de su nombramiento, firmada por el rey el 19 de octubre de 1823. A este hecho se sumó la reocupación realista de Lima, acaecida tras la rebelión de El Callao del 5 de febrero de 1824. Esta última hizo pensar al virrey que la revolución estaba muy disminuida en el Perú, por lo que tomó la decisión de suprimir la rebelión de Olañeta. El mariscal Valdés se encontraba en Cochabamba cuando recibió la orden de marchar contra el rebelde el 4 de junio de 1824, dando con ello la campaña militar contra Olañeta. Valdés reunió en Oruro el ejército real del sur Perú, que incluía las siguientes unidades:

• Dos batallones del Regimiento Gerona.
• El 2º batallón del Regimiento Imperial.
• El 1º batallón del primer Regimiento del Cuzco.
• Tres escuadrones de caballería de Granaderos de la Guardia.
• El escuadrón de Granaderos de Cochabamba.
• Dos piezas de artillería de montaña.

Le acompañaban los oficiales Carratalá, Valentín Ferraz, Cayetano Ameller, La Hera y Rafael Maroto. Con un grupo, Valdés se dirigió a Chuquisaca, y con otro Carratalá a Potosí.

Por su parte, Olañeta no había permanecido estático después de la entrevista de Tarapaya, pues había enviado a su sobrino Casimiro a Montevideo en busca de fusiles y se él dirigió a Chuquisaca en donde alistó un nuevo cuerpo de 1.000 soldados y liberó a revolucionarios (muchos de ellos rioplatenses) que se le unieron. Además, contaba con la totalidad del ejército realista del Alto Perú, más de 5.000 hombres, que se repartían con Olañeta que se hallaba en Potosí, con el coronel Marquiegui y su segundo el comandante José María Valdez (conocido como el Barbarucho) en Chuquisaca, y con el brigadier Aguilera en Cochabamba.

El 19 de junio llegó a Potosí el coronel Diego Pacheco enviado por Valdez para intimar a Olañeta a que optase entre presentarse ante el virrey para ser sometido a un consejo de guerra o se dirigiera a España para postrarse ante el trono; en caso contrario sería atacado por las fuerzas que ya estaban en marcha. Le comunicaba también que quedaba anulado el convenio de Tarampaya.

El 20 de junio Olañeta hizo conocer en Potosí un manifiesto redactado por su sobrino Casimiro:

"Apurado ya el sufrimiento, y el sistema paciente que me propuse en la crisis del Estado, faltaria á mi deber si guardase por mas tiempo un silencio que pudiese arriesgar mi opinion. Voy á hablaros con aquella franqueza, que asegura el noble procedimiento contra las insidias de la calumnia y de la intriga. La obligacion de defender y conservar puros los derechos del rey, me estrecha grandemente á tomar disposiciones tan repugnantes para mi, como forzadas por las imperiosas circunstancias. Mientras ha existido una sombra de esperanza de que los constitucionales del Perú, guardando religiosamente el convenio eelebrado en Tarapaya reconociesen sus yerros, y no excediesen los limites de sus facultades, me ha detenido el deseo de evitar una guerra desoladora, y las nuevas devastaciones que amagaban". (Encabezamiento del Manifiesto del general Olañeta dirigido a los habitantes del Perú)

Con ello dió comienzo una campaña en la que varias columnas tuvieron un sinnúmero de encuentros, sin resultados definitivos para ninguno de los contendientes.